El próximo 14 de octubre de 2026, Costa Rica tiene prevista la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), ubicado en San Rafael de Alajuela, con capacidad para albergar a 5.100 personas privadas de libertad.
El proyecto, inspirado en el modelo penitenciario salvadoreño, se presenta como una herramienta para fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado. (EFE, 2026).
Sin embargo, desde la Criminología, la pregunta no debería limitarse a cuántas personas podrá encerrar el Estado, sino a qué resultados concretos producirá esta infraestructura en materia de seguridad ciudadana.
¿Debe Costa Rica sentirse orgullosa de construir una mega cárcel o debe esperar a comprobar si realmente contribuye a disminuir la violencia y la criminalidad?
Esta interrogante no pretende desconocer el sufrimiento de las víctimas ni la necesidad de que el Estado responda con firmeza ante los delitos graves. Por el contrario, parte de una preocupación fundamental: la ciudadanía merece políticas de seguridad que produzcan resultados sostenibles, no solamente medidas que proyecten una imagen de autoridad.
Una cárcel de alta contención no equivale, por sí sola, a una sociedad más segura
El encarcelamiento de personas vinculadas con estructuras criminales puede constituir una herramienta necesaria para proteger a la población y limitar la capacidad operativa de determinadas organizaciones. No obstante, la efectividad de esa medida depende de cómo se implemente, de los recursos disponibles y de los mecanismos de control institucional.
Desde una perspectiva criminológica, es indispensable distinguir entre la capacidad de privar de libertad y la capacidad de prevenir el delito.
Una infraestructura penitenciaria puede mejorar el control sobre la población recluida, pero no elimina automáticamente las condiciones que favorecen el reclutamiento criminal, las economías ilícitas, la circulación de armas, la corrupción ni las redes que sostienen el narcotráfico.
En consecuencia, construir una cárcel representa una intervención dentro de la política criminal, pero no constituye una política integral de seguridad por sí misma.
La verdadera evaluación deberá considerar si disminuye la coordinación delictiva desde prisión, si se debilitan las estructuras criminales y si esa reducción se traduce en menos homicidios, extorsiones y otras manifestaciones de violencia.
¿Estamos trasladando un modelo sin considerar suficientemente nuestra realidad?
El CACCO toma como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), de El Salvador. No obstante, trasladar un modelo penitenciario de un país a otro exige analizar las diferencias entre sus contextos criminológicos, institucionales y sociales.
El Salvador desarrolló una estrategia de seguridad fuertemente orientada al combate de las pandillas, particularmente las maras. En Costa Rica, aunque existen distintas formas de agrupación delictiva, una de las principales preocupaciones de seguridad es la violencia vinculada con el narcotráfico y la disputa por mercados ilícitos y territorios.
Estas diferencias son relevantes. Las organizaciones criminales no funcionan todas de la misma manera: pueden tener estructuras, fuentes de financiamiento, mecanismos de reclutamiento y formas de coordinación distintas.
Por ello, la pregunta no es si Costa Rica debe aprender de la experiencia de otros países, sino si ha adaptado esas experiencias a un diagnóstico propio, sustentado en evidencia y en las particularidades del crimen organizado costarricense.
Una política pública no debería evaluarse por el parecido de sus instalaciones con las de otro país, sino por su capacidad para responder eficazmente a los problemas nacionales.
¿Podría una mega cárcel convertirse en un espacio de concentración de poder criminal?
Uno de los argumentos a favor del CACCO es la posibilidad de limitar la comunicación y la coordinación delictiva desde los centros penitenciarios. Se trata de un objetivo legítimo, especialmente cuando se sospecha que determinadas personas continúan dirigiendo actividades ilícitas durante su reclusión.
Sin embargo, la concentración de personas clasificadas como de alta peligrosidad también plantea interrogantes sobre la gestión penitenciaria.
¿Cómo se evitará que las relaciones entre integrantes de distintas organizaciones se traduzcan en nuevas alianzas, conflictos o mecanismos de cooperación criminal? ¿Qué protocolos permitirán identificar intentos de reclutamiento, intimidación o coordinación ilícita? ¿Cómo se garantizará una clasificación penitenciaria basada en evaluaciones técnicas y no únicamente en la pertenencia atribuida a una banda?
Estas preguntas no significan que el centro necesariamente vaya a convertirse en un espacio de fortalecimiento criminal. Significan que tales riesgos deben identificarse, prevenirse y evaluarse.
Desde la Criminología, la seguridad penitenciaria requiere mucho más que muros, cámaras y restricciones. Exige inteligencia penitenciaria, personal debidamente preparado, supervisión efectiva, protocolos claros y mecanismos de rendición de cuentas.
La pregunta central es si el Estado cuenta con las capacidades humanas, técnicas e institucionales necesarias para gestionar una población de este perfil sin generar nuevas vulnerabilidades.
¿Qué ocurre con el hacinamiento y las condiciones del resto del sistema penitenciario?
Otra cuestión fundamental es el impacto que tendrá el CACCO sobre el conjunto del sistema penitenciario costarricense.
Si el nuevo centro permite trasladar a determinadas personas y mejorar las condiciones de ocupación en otros establecimientos, podría representar una oportunidad para fortalecer la gestión institucional. Sin embargo, ese resultado no debe darse por sentado.
Es necesario conocer cuántas personas serán trasladadas, cuál será la ocupación efectiva del nuevo centro, qué sucederá con los espacios liberados y cómo evolucionará el hacinamiento en los demás establecimientos.
La construcción de nueva infraestructura puede ampliar la capacidad física del sistema, pero no resuelve necesariamente las causas que generan una demanda creciente de plazas penitenciarias.
Si el ingreso de personas al sistema continúa aumentando sin una estrategia integral de prevención, investigación criminal, administración de justicia y reinserción social, el problema podría reproducirse en otros espacios.
Por eso, la evaluación debe considerar el sistema penitenciario como un todo y no únicamente los resultados visibles de una nueva construcción.
La policía penitenciaria: una pieza fundamental de la seguridad nacional
La capacidad operativa de una cárcel de alta contención depende, en gran medida, de las competencias de quienes tienen la responsabilidad de administrarla y ejercer la custodia.
No basta con disponer de infraestructura especializada. Se requiere personal con formación continua, protocolos de actuación, recursos tecnológicos, condiciones laborales adecuadas y mecanismos que permitan prevenir la corrupción y responder ante situaciones de riesgo.
También resulta necesario evaluar si la dotación de personal corresponde con las necesidades reales del establecimiento y si existen recursos suficientes para mantener los estándares de seguridad a largo plazo.
Una institución penitenciaria que recibe personas vinculadas con estructuras criminales complejas necesita una estrategia de gestión que combine seguridad física, análisis de información, control interno y respeto por la legalidad.
Por tanto, una de las preguntas que debería responder el Estado es: ¿Qué inversión se está realizando en el fortalecimiento de las capacidades profesionales de la policía penitenciaria y cómo se medirá su efectividad?
El desafío no termina cuando se detiene a una persona
El combate al crimen organizado no comienza ni termina en las cárceles.
Para que una política de seguridad sea efectiva, es necesario fortalecer las capacidades de investigación criminal, la persecución de las estructuras financieras del delito, la coordinación entre instituciones y la prevención en las comunidades afectadas por la violencia.
También se requiere una estrategia que permita identificar y desarticular las redes que facilitan el tráfico de drogas, el lavado de activos, el suministro de armas y el reclutamiento de nuevas personas para las organizaciones criminales.
En este escenario, las capacidades investigativas de los organismos competentes y el trabajo preventivo en las comunidades deben formar parte de una respuesta articulada.
Si el Estado concentra una parte importante de sus esfuerzos en ampliar la capacidad de encarcelamiento, pero no fortalece proporcionalmente la investigación, la prevención y el seguimiento de las organizaciones criminales, corre el riesgo de intervenir sobre una parte del problema sin debilitar suficientemente su funcionamiento.
La seguridad ciudadana exige acciones coordinadas antes, durante y después del encarcelamiento.
Seguridad sí, pero con legalidad y derechos humanos
La discusión sobre una cárcel de alta contención también debe incorporar los principios constitucionales, las obligaciones internacionales y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
Las restricciones penitenciarias deben tener fundamento jurídico, responder a criterios legítimos de seguridad y someterse a los mecanismos de control correspondientes. La necesidad de mantener el orden no elimina la obligación estatal de prevenir abusos y garantizar un trato compatible con la dignidad humana.
Cuando se anuncian medidas como restricciones de visitas, aislamiento u otras limitaciones de contacto, es necesario conocer su alcance, fundamento, duración y mecanismos de revisión. Estas medidas no deberían evaluarse únicamente por su severidad, sino también por su legalidad, proporcionalidad y efectos.
Desde la Criminología, defender los derechos humanos no significa minimizar la gravedad del delito ni desconocer a las víctimas. Significa reconocer que el Estado debe responder a la criminalidad sin abandonar los principios que legitiman su actuación.
La fortaleza institucional no se mide solamente por la capacidad de imponer sanciones, sino también por la capacidad de ejercer el poder dentro de la ley.
¿Cómo sabremos si el CACCO está funcionando?
La inauguración será un acontecimiento visible. Sin embargo, los resultados de una política penitenciaria no pueden determinarse a partir de una ceremonia, una infraestructura moderna o un discurso oficial.
Se necesita establecer indicadores verificables y publicar evaluaciones periódicas que permitan conocer, entre otros aspectos:
- La evolución de la coordinación delictiva desde los centros penitenciarios.
- Los cambios en los indicadores de homicidios y otras formas de violencia, analizados con cautela y considerando otros factores.
- La evolución del hacinamiento en el conjunto del sistema penitenciario.
- La disponibilidad, capacitación y condiciones laborales del personal penitenciario.
- La prevención de incidentes, la detección de actividades ilícitas y el funcionamiento de los mecanismos de supervisión.
- El cumplimiento de las garantías legales y de los estándares de derechos humanos.
Estos indicadores permitirían pasar de las expectativas a una evaluación basada en evidencia.
Además, cualquier comparación entre periodos deberá considerar las tendencias previas, los cambios en la actividad criminal y otras medidas de seguridad implementadas simultáneamente. De lo contrario, se corre el riesgo de atribuirle al CACCO resultados que podrían responder a múltiples causas.
Una reflexión final desde la Criminología
Costa Rica necesita respuestas firmes, inteligentes y sostenibles frente al crimen organizado. Las víctimas merecen justicia, las comunidades necesitan recuperar su tranquilidad y el Estado tiene la obligación de proteger a la ciudadanía.
Sin embargo, la firmeza no debe confundirse con la construcción de infraestructura, ni la severidad con la efectividad.
El CACCO podría convertirse en una herramienta útil dentro de una estrategia integral de seguridad, pero sus resultados deberán demostrarse mediante evidencia, transparencia y evaluación independiente.
La pregunta no es si Costa Rica tiene motivos para buscar mejores mecanismos de control penitenciario. La pregunta es si esta inversión está acompañada de una estrategia capaz de prevenir nuevos delitos, desarticular las estructuras criminales y fortalecer las instituciones responsables de la seguridad.
Desde una perspectiva criminológica, el éxito no debería medirse por cuántas personas caben en una cárcel, sino por cuánto se logra reducir la capacidad de las organizaciones criminales para producir violencia y afectar la vida de las comunidades.
Una mega cárcel puede encerrar a miles de personas. El verdadero desafío del Estado es impedir que el crimen organizado continúe reproduciéndose dentro y fuera de sus muros.
¿Estamos construyendo una herramienta efectiva para fortalecer la seguridad ciudadana o estamos depositando demasiadas expectativas en una infraestructura penitenciaria?
La respuesta no debería depender de nuestras preferencias políticas, sino de los resultados, la evidencia y la capacidad del Estado para garantizar una seguridad compatible con la legalidad y los derechos humanos.
– EFE. (2026, 6 de octubre). Costa Rica concluye la construcción de su «megacárcel» inspirada en el modelo de Bukele. Agencia EFE. https://efe.com/mundo/2026-10-06/costa-rica-nueva-megacarcel-modelo-bukele-crimen/
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