Los procesos de reclutamiento de policías municipales en algunos cantones de Costa Rica, presentan debilidades que comprometen la integridad institucional y aumentan la exposición a riesgos como el tráfico de influencias, la corrupción e incluso la posible infiltración de organizaciones criminales.

Esa es una de las principales conclusiones del informe Riesgos de integridad en los procesos de reclutamiento de policías municipales, publicado por la Contraloría General de la República (CGR), tras un análisis realizado en coordinación con las auditorías internas de seis gobiernos locales del país.

El estudio evaluó los procesos de reclutamiento desarrollados durante 2025 en las municipalidades de Alajuela, Belén, Montes de Oca, Paraíso, Santa Ana y Siquirres, con el objetivo de determinar si los mecanismos utilizados permiten garantizar la idoneidad e integridad de quienes aspiran a integrar estos cuerpos policiales.

La Contraloría advierte que una gestión deficiente durante la etapa de selección puede fragilizar el proceso de contratación y favorecer escenarios de tráfico de influencias e infiltración por parte de grupos criminales organizados, precisamente en un momento en que las policías municipales han adquirido un papel cada vez más relevante dentro de la seguridad ciudadana.

Controles insuficientes desde el proceso de selección

Uno de los principales hallazgos del informe es la ausencia de una adecuada gestión de riesgos durante el reclutamiento. Cuatro de las seis municipalidades evaluadas no implementan un Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) para identificar, analizar y mitigar los riesgos asociados al ingreso de nuevos oficiales. Además, en la totalidad de los gobiernos locales evaluados se detectaron debilidades relacionadas con la valoración de riesgos de integridad.

La Contraloría señala que esta omisión limita la capacidad preventiva de las instituciones y dificulta detectar situaciones que podrían comprometer la contratación de personal policial antes de que estas lleguen a materializarse. Entre los riesgos identificados se encuentran la incorporación de personas que no cumplen con los requisitos legales, presentan impedimentos administrativos o carecen de las condiciones necesarias para ejercer funciones policiales.

Deficiencias en la validación de la idoneidad

El informe también identifica debilidades en los mecanismos destinados a comprobar la idoneidad e integridad de los aspirantes.

Entre ellas destacan la omisión de asesoría técnica de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) para la elaboración de manuales de reclutamiento, la ausencia de perfiles policiales específicos dentro de esos instrumentos, así como deficiencias en la revisión de antecedentes administrativos y judiciales, la verificación periódica de permisos de portación de armas y la falta de procesos permanentes para comprobar que los oficiales activos mantienen las condiciones de idoneidad requeridas.

La investigación también encontró que algunas municipalidades carecen de lineamientos específicos para regular aspectos esenciales como la contratación, la capacitación, la evaluación y los procedimientos disciplinarios del personal policial, mientras que otras no disponen de sistemas adecuados para registrar y administrar la información relacionada con estos procesos.

Transparencia con oportunidades de mejora

Otro aspecto evaluado fue la posibilidad de que la ciudadanía participe en la supervisión de los procesos de reclutamiento.

Aunque las municipalidades utilizan distintos medios para divulgar los concursos públicos, la Contraloría determinó que en cinco de los seis gobiernos locales resulta difícil localizar los mecanismos destinados a presentar denuncias, sugerencias o reportes de posibles irregularidades relacionadas con el reclutamiento policial. En algunos casos, incluso, se exige un registro previo para acceder a estas plataformas, situación que puede desincentivar la participación ciudadana y limitar el control social sobre estos procesos.

Más que un problema administrativo

El informe plantea que las debilidades detectadas trascienden el ámbito administrativo y representan un desafío para la gobernanza institucional de las policías municipales.

La Contraloría concluye que la falta de controles estructurados para evaluar la integridad de los aspirantes, junto con una gestión insuficiente de los riesgos durante el reclutamiento y limitaciones en la fiscalización ciudadana, generan un entorno propicio para que se materialicen escenarios adversos, como el nepotismo o la incorporación de personas con impedimentos para ejercer funciones públicas.

Asimismo, advierte que permitir el ingreso de oficiales sin una comprobación exhaustiva de antecedentes disciplinarios o sin las evaluaciones técnicas necesarias incrementa la exposición a riesgos operativos, legales y reputacionales, además de afectar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la seguridad local.

Como parte de sus conclusiones, la Contraloría recomienda fortalecer los mecanismos de control interno, estandarizar la verificación de requisitos y consolidar procesos preventivos que permitan garantizar que quienes ingresen a las policías municipales cumplan con los más altos estándares de integridad, competencia y probidad en el ejercicio de sus funciones.

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Fuente: Contraloría General de la República. Riesgos de integridad en los procesos de reclutamiento de policías municipales (En coordinación con las auditorías internas). Informe N.° DFOE-LOC-SGP-00001-2026, publicado el 20 de julio de 2026.