Perspectiva Criminológica

El verdadero dueño del oro de Crucitas no es el Estado ni las empresas mineras. Hoy, gran parte de ese recurso financia organizaciones criminales que han convertido uno de los ecosistemas más valiosos del país en un mercado ilícito.

Para algunos, la solución pasa por reactivar una explotación minera regulada; para otros, cualquier forma de minería metálica representa una amenaza inaceptable para el patrimonio natural del país.

Sin embargo, mientras la discusión pública continúa centrándose en esta dicotomía, una realidad se ha consolidado silenciosamente: la minería ilegal ha transformado a Crucitas en un escenario donde convergen el crimen organizado, la violencia, la degradación ambiental y la pérdida progresiva del control estatal sobre un territorio estratégico.

Desde una perspectiva criminológica, reducir la problemática de Crucitas a un simple delito ambiental sería desconocer la complejidad del fenómeno. La minería ilegal constituye una economía criminal capaz de generar enormes ganancias, atraer organizaciones delictivas y favorecer la aparición de otros delitos conexos, como el tráfico de armas, la legitimación de capitales, la corrupción, la trata de personas, la explotación laboral, el contrabando y la evasión fiscal.

El oro deja de ser únicamente un recurso mineral para convertirse en un activo financiero que fortalece estructuras criminales y les permite expandir su capacidad operativa.

La criminología ha demostrado que las organizaciones criminales no buscan únicamente beneficios económicos; también persiguen el control del territorio. Ahí, donde el Estado pierde presencia institucional, los grupos delictivos encuentran oportunidades para imponer reglas propias, controlar accesos, administrar conflictos mediante la violencia e influir sobre las dinámicas sociales y económicas de las comunidades. Este fenómeno, conocido como «gobernanza criminal«, representa uno de los mayores desafíos para la seguridad pública contemporánea.

En Crucitas, la combinación de una extensa cobertura boscosa, una compleja geografía, la cercanía con la frontera y la alta rentabilidad del oro ha generado condiciones favorables para la consolidación de mercados ilícitos. Desde la teoría de las actividades cotidianas de Cohen y Felson, convergen tres elementos esenciales para la comisión del delito: un objetivo altamente atractivo, delincuentes motivados y oportunidades derivadas de limitaciones en el control efectivo del territorio.

A ello se suma lo planteado por la teoría de la elección racional, según la cual los actores criminales evalúan constantemente la relación entre las ganancias esperadas y el riesgo de ser sancionados. Cuando los beneficios son extraordinarios y la percepción de control estatal disminuye, la actividad ilícita se expande con rapidez.

No obstante, el caso de Crucitas plantea una dimensión adicional que la criminología tradicional no logra explicar completamente: la victimización del ambiente. Es precisamente aquí donde la criminología verde aporta una visión indispensable. Esta corriente sostiene que la naturaleza no debe entenderse únicamente como el escenario donde ocurre un delito, sino como una víctima directa de la actividad criminal.

La minería ilegal ha provocado una transformación profunda del paisaje natural. La tala indiscriminada de bosques, la remoción masiva de suelos, la alteración de cauces naturales, la sedimentación de ríos y la contaminación de fuentes de agua representan daños que trascienden el ámbito ecológico y afectan directamente el bienestar humano. La biodiversidad pierde espacios vitales para su supervivencia, los ecosistemas disminuyen su capacidad de regulación climática e hídrica, y las comunidades locales enfrentan mayores riesgos para su salud y sus medios de vida.

Desde la criminología verde, estos daños constituyen formas de victimización colectiva. Las víctimas ya no son únicamente las personas directamente afectadas por la actividad ilícita, sino también los ecosistemas, la fauna silvestre, las futuras generaciones y la sociedad en su conjunto. Esta perspectiva amplía el concepto tradicional de delito al reconocer que existen daños sociales y ambientales cuya magnitud supera, en ocasiones, lo previsto por la legislación penal.

Existe además un elemento que merece especial atención. Las organizaciones criminales instrumentalizan tanto a las personas como a la naturaleza. Cuando un bosque, un río o una especie silvestre se reducen a simples recursos económicos, desaparecen las barreras éticas que limitan su explotación. Esa misma lógica de cosificación puede extenderse a las comunidades locales, a los trabajadores y a cualquier persona que obstaculice las actividades ilícitas. La violencia ambiental y la violencia contra las personas no son fenómenos aislados; responden a una misma racionalidad criminal basada en el beneficio económico, la intimidación y el control territorial.

Crucitas representa uno de los escenarios operativos más complejos del país a nivel policial. La geografía dificulta el acceso permanente, los campamentos ilegales pueden reinstalarse rápidamente después de un operativo y la movilidad de quienes participan en la extracción clandestina exige respuestas mucho más sofisticadas que los patrullajes tradicionales. La actuación policial continúa siendo indispensable, pero difícilmente podrá resolver por sí sola una problemática alimentada por redes económicas ilícitas de alcance nacional e internacional.

Por esta razón, las respuestas deben evolucionar desde una lógica reactiva hacia una estrategia integral de prevención y desarticulación del crimen organizado. Ello implica fortalecer la inteligencia policial, la investigación financiera, el análisis criminal y la cooperación permanente entre el Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, el MINAE, la Dirección de Geología y Minas, la Policía de Fronteras y las autoridades tributarias.

Asimismo, el uso de tecnologías como drones, imágenes satelitales y sistemas de información geográfica permitiría mejorar la detección temprana de nuevas áreas de explotación ilegal. Sin embargo, ninguna estrategia será sostenible si no se atienden las condiciones sociales y económicas que favorecen la incorporación de personas a la minería ilegal.

Desde la prevención social del delito, resulta indispensable impulsar alternativas de empleo formal, programas de capacitación, incentivos para actividades productivas sostenibles y proyectos de desarrollo local que reduzcan la dependencia económica de las actividades ilícitas. La seguridad no puede construirse únicamente mediante acciones represivas; también requiere oportunidades legítimas para las comunidades.

El debate legislativo que actualmente enfrenta Costa Rica refleja precisamente la complejidad del problema. Diversas iniciativas buscan responder al avance de la minería ilegal mediante enfoques distintos: algunas plantean regímenes especiales para la explotación regulada en Crucitas, mientras otras proponen alternativas de recuperación ambiental y desarrollo territorial. Paralelamente, la Sala Constitucional ha ordenado al Estado adoptar medidas urgentes y coordinadas en materia de seguridad, protección ambiental, salud pública y acceso al agua, reconociendo que la situación requiere una respuesta integral y sostenida.

Más allá de las diferencias políticas o ideológicas, cualquier propuesta debería evaluarse bajo un criterio fundamental: su capacidad para reducir el poder de las organizaciones criminales, recuperar el control efectivo del territorio, proteger el ambiente y garantizar el bienestar de las comunidades. Ninguna reforma legal será suficiente si no va acompañada de instituciones fortalecidas, mecanismos efectivos de fiscalización y una política criminal basada en evidencia.

Desde esta perspectiva, Costa Rica podría avanzar sobre cinco pilares estratégicos. En primer lugar, reconocer la minería ilegal como una manifestación del crimen organizado y no únicamente como un delito ambiental. En segundo lugar, fortalecer la trazabilidad del oro y perseguir las estructuras financieras que obtienen las mayores ganancias de esta actividad.

En tercer lugar, consolidar un modelo permanente de inteligencia interinstitucional que permita anticipar la evolución de los mercados ilícitos. En cuarto lugar, implementar programas de restauración ecológica que recuperen los ecosistemas afectados y mitiguen los daños acumulados durante años de explotación ilegal. Finalmente, promover una política nacional de seguridad ambiental que integre la protección de los recursos naturales dentro de la estrategia de seguridad nacional.

La criminología verde ofrece una enseñanza particularmente valiosa: proteger el ambiente también significa prevenir la criminalidad. Los ecosistemas degradados, los territorios abandonados y las comunidades excluidas generan oportunidades para que las economías ilícitas se fortalezcan. La protección ambiental, por tanto, no constituye un objetivo aislado de la seguridad pública; ambas dimensiones forman parte de una misma estrategia de gobernanza democrática.

Crucitas representa uno de los mayores desafíos contemporáneos para Costa Rica porque pone a prueba la capacidad del Estado para enfrentar amenazas híbridas donde convergen criminalidad organizada, deterioro ambiental, intereses económicos y vulnerabilidades sociales. No basta con extraer a los coligalleros de un determinado sector si las estructuras criminales continúan financiando la actividad, si el oro sigue encontrando mercados para su comercialización o si los territorios permanecen sin presencia institucional.

La verdadera discusión no debería limitarse a decidir qué hacer con el oro que permanece bajo el suelo, sino cómo impedir que ese recurso continúe financiando la expansión del crimen organizado y acelerando la destrucción del patrimonio natural del país. Recuperar Crucitas implica mucho más que restaurar un ecosistema; significa recuperar la autoridad del Estado, fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y demostrar que el desarrollo sostenible solo es posible cuando la seguridad, la justicia y la protección ambiental avanzan de manera conjunta.

La situación que enfrenta Crucitas demuestra que las amenazas contemporáneas ya no pueden abordarse desde una única disciplina ni mediante respuestas aisladas. La minería ilegal ha dejado de ser un simple conflicto sobre la extracción de un recurso natural para convertirse en un fenómeno donde convergen el crimen organizado, la violencia, la degradación ambiental, la vulnerabilidad social y los desafíos para la gobernanza democrática.

En este contexto, la criminología, nos recuerdan que las verdaderas víctimas no son únicamente las personas afectadas de forma directa, sino también los ecosistemas, la biodiversidad y las generaciones futuras que heredarán las consecuencias de las decisiones que tomemos hoy.

Responder eficazmente a esta problemática exige una visión interdisciplinaria que articule la criminología, la criminología verde, la inteligencia policial, la política criminal, la gestión ambiental y el fortalecimiento institucional. La recuperación de Crucitas no dependerá únicamente de operativos policiales o de reformas legales, sino de la capacidad del Estado para prevenir la consolidación de economías ilícitas, recuperar el control efectivo del territorio, restaurar los ecosistemas degradados y generar oportunidades de desarrollo sostenible para las comunidades.

En última instancia, Crucitas representa mucho más que un yacimiento de oro. Es un recordatorio de que la seguridad del siglo XXI también se construye protegiendo los recursos naturales, fortaleciendo el Estado de derecho y comprendiendo que la defensa del ambiente constituye, al mismo tiempo, una forma de prevenir la criminalidad, preservar la paz social y garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Proteger la naturaleza no es únicamente una responsabilidad ambiental; es también una decisión estratégica para salvaguardar la seguridad, la democracia y el futuro de Costa Rica.

Referencias bibliográficas

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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. (2026). Resolución N.° 2026-10560 sobre medidas urgentes para atender la minería ilegal en Crucitas.

Procuraduría General de la República. (2025). Opinión Jurídica PGR-OJ-148-2025 referente al Proyecto de Ley N.° 24.675 relacionado con la recuperación sostenible de Crucitas.

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Expedientes legislativos relacionados con la minería ilegal y la recuperación de Crucitas (consultar el texto vigente al momento de la publicación del artículo).