La seguridad en las carreteras federales volvió al centro del debate en México luego de que el gobierno anunciara que trabaja en un nuevo sistema de vigilancia especializado para rutas nacionales, en medio de crecientes reclamos del sector transportista por robos, extorsiones y condiciones operativas que consideran cada vez más complejas.

La presidente Claudia Sheinbaum adelantó que la administración federal prepara un modelo de monitoreo inspirado en los Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5), pero orientado exclusivamente a la supervisión y coordinación de seguridad en carreteras federales.

Aunque no se anunciaron fechas ni detalles técnicos del proyecto, la mandataria indicó que el tema forma parte de revisiones periódicas realizadas por el gabinete de seguridad junto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Guardia Nacional, particularmente sobre el comportamiento del robo en carreteras.

Gobierno de Claudia Sheinbaum bajo presión

El anuncio ocurre en un contexto de creciente tensión con el sector transportista. La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) había convocado movilizaciones el pasado 24 de junio en las 32 entidades del país, en medio de las actividades deportivas que se celebran en el país debido a la Copa Mundial de Fútbol.

Sin embargo, las autoridades mexicanas lograron llegar a un acuerdo con los movimientos sociales, deponiendo así los paros por el momento. Aunque la inseguridad ocupa el centro de la discusión, el pliego presentado por transportistas incluye otros puntos que, según el sector, afectan la viabilidad económica de la operación.

Entre ellos destacan regulación y cumplimiento de tarifas oficiales para servicios de grúas, eliminación de cobros municipales por ingreso para abastecimiento, agilización de trámites relacionados con placas, licencias y certificados y condiciones más claras para renovación de unidades del transporte federal.

Según el sector, los retrasos administrativos generan exposición a sanciones incluso cuando los vehículos ya fueron registrados dentro del sistema.

Extorsiones y controles

Uno de los reclamos más delicados planteados por transportistas se refiere a presuntas extorsiones en retenes y puntos de control.

AMOTAC sostiene que algunos operadores enfrentan cobros indebidos o revisiones arbitrarias durante recorridos y solicita que esos puestos cuenten con mecanismos adicionales de supervisión y personal con mayores controles de confianza.

Además, cuestiona acciones que consideran desproporcionadas contra pequeños transportistas y operadores independientes.

Otro punto que ha generado discusión es la solicitud de modificar disposiciones legales relacionadas con el transporte de agua en pipas, argumentando que ciertas regulaciones actuales terminan afectando actividades habituales del sector.

¿Puede un C5 mejorar el problema?

La propuesta aparece en un momento donde el transporte mantiene un papel estratégico para el abastecimiento, el turismo y la actividad económica nacional. Sin embargo, hasta ahora no se conocen detalles sobre el alcance del sistema anunciado, por lo que muchas preguntas quedan abiertas.

El desafío para las autoridades mexicanas no parece limitarse únicamente a incorporar más tecnología, sino transformar esa idea en realidad mediante una estrategia que permita traducir información y monitoreo en respuestas efectivas frente a delitos, reducción de tiempos de atención y mayor confianza para quienes recorren diariamente las carreteras.