La política de seguridad impulsada por Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe está entrando en una nueva etapa marcada por una mayor presión diplomática, expansión de acuerdos militares y un aumento de respuestas de fuerza contra el crimen organizado.

Sin embargo, un nuevo informe de Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) plantea que este cambio podría estar produciendo resultados más complejos de lo esperado: mientras aumentan los enfrentamientos y algunas expresiones visibles de violencia disminuyen, las organizaciones criminales muestran señales claras de adaptación y reconfiguración.

El reciente informe analiza cómo la administración de Donald Trump ha buscado recuperar influencia regional mediante una combinación de cooperación con gobiernos aliados, presión política, acuerdos bilaterales y, en algunos casos, uso directo de capacidad militar.

Una estrategia de resultados rápidos

De acuerdo con ACLED, la actual estrategia estadounidense se apoya en la llamada Doctrina Donroe, que redefine al hemisferio occidental como espacio prioritario de influencia y plantea una política más activa frente al narcotráfico, el crimen organizado y la competencia geopolítica.

Desde enero de 2025, Washington ha utilizado tres mecanismos principales para proyectar esa estrategia:

• fortalecer cooperación con gobiernos políticamente alineados.
• ampliar presencia militar y acuerdos de seguridad.
• y ejercer presión económica o amenazas de intervención cuando considera que determinados gobiernos no avanzan en sus objetivos estratégicos.

Entre las acciones destacadas por el informe figuran operaciones conjuntas con Ecuador, la creación de la iniciativa Shield of the Americas (Escudo de las Américas) y el uso creciente de actores no tradicionales como contratistas privados en escenarios regionales.

Más operaciones, más enfrentamientos

Uno de los hallazgos centrales del informe es que el fortalecimiento de respuestas militarizadas ha coincidido con un aumento sostenido en los choques entre fuerzas estatales y actores armados.

Según ACLED, durante 2025 se registró un incremento del 18% en los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos armados en América Latina y el Caribe. Además, estas operaciones dejaron cerca de 6.900 personas fallecidas, el nivel más alto registrado desde 2018.

Para el organismo, esta tendencia no comenzó con Trump, pero sí se aceleró bajo una narrativa regional que favorece respuestas de fuerza y políticas de seguridad de línea dura. El informe señala que muchos gobiernos han encontrado incentivos políticos para adoptar este enfoque: permite mostrar resultados visibles, proyectar control territorial y responder a demandas internas de seguridad.

En Colombia, el gobierno ya había retomado presión militar desde mediados de 2024 frente a grupos que no avanzaban en procesos de negociación. Sin embargo, ACLED sostiene que, tras una reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump en febrero de 2026, se intensificaron operaciones militares y ataques aéreos contra estructuras consideradas prioritarias, incluyendo disidencias de las FARC y el ELN.

En México, la administración de Claudia Sheinbaum ya se había distanciado parcialmente del enfoque de “abrazos, no balazos”, pero durante 2025 incrementó despliegues militares, extradiciones y operaciones contra cárteles mientras ampliaba ciertos niveles de coordinación con Estados Unidos. Según el informe, el país superó los 1.000 enfrentamientos entre fuerzas estatales y grupos criminales, el nivel más alto desde 2019.

Menos visibilidad no significa menos crimen

Aunque algunos países han registrado reducciones en indicadores tradicionales de violencia, ACLED advierte que esto no necesariamente implica debilitamiento estructural de las organizaciones criminales.

Por el contrario, el informe identifica varios patrones de adaptación en cuanto a desplazamiento territorial, fragmentación interna, diversificación económica, reducción de actividades visibles y aumento del uso de tecnologías remotas para operar.

En Ecuador, por ejemplo, la presión sobre líderes criminales coincidió con una expansión del número de grupos activos, pasando de 24 organizaciones en 2023 a 37 en 2025.

Uno de los cambios más relevantes identificados por el reporte es el aumento del uso de drones por parte de actores armados. En México, los ataques con drones comenzaron a crecer con fuerza desde 2024.

En Colombia, ACLED registró al menos 107 ataques con drones realizados por disidencias de las FARC y el ELN contra fuerzas de seguridad durante 2025, más del doble respecto al año anterior. La lógica detrás de esta transformación es reducir exposición directa y aumentar el alcance operativo.

Efectos colaterales

El informe también advierte sobre efectos secundarios. Durante 2025, ACLED documentó 495 incidentes de violencia contra población civil atribuida a fuerzas estatales, incluyendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, abusos y otras violaciones a derechos humanos en distintos países de la región.

Además, sostiene que la presión sobre rutas tradicionales del narcotráfico estaría desplazando flujos ilícitos hacia nuevas zonas y fortaleciendo otras economías criminales, como la minería ilegal.

La conclusión del reporte es que las estrategias militarizadas pueden generar resultados tácticos de corto plazo, pero difícilmente desmantelan por sí solas estructuras criminales que operan con capacidad de adaptación económica, tecnológica y territorial.

En ese escenario, el desafío para la región no parece ser únicamente cuánto uso de la fuerza aplicar, sino cómo evitar que cada victoria operativa produzca nuevas formas de violencia más dispersas y difíciles de contener.