Los hospitales se han convertido en espacios donde la agresión física, las amenazas y la violencia, forman parte del riesgo cotidiano. Las agresiones ocurren todos los días y afectan especialmente a personal de enfermería, médicos y trabajadores de primera línea.

La violencia incluye amenazas verbales, intimidación psicológica y agresiones físicas que van desde empujones y golpes hasta ataques con objetos. Además, no se concentran únicamente en servicios psiquiátricos o salas de emergencia, sino que trasciende a otras áreas como recepción de pacientes, centros de larga estancia o unidades de cuidados intensivos.

Un análisis publicado por el CPP Tony W. York para SecurityInfowatch, plantea que organizaciones sanitarias de distintos países están abandonando modelos reactivos y adoptando estrategias integrales de prevención que combinan liderazgo institucional, rediseño de espacios, capacitación, tecnología y cambios culturales para enfrentar el problema.

El problema no es solo clínico

Para York, uno de los puntos centrales es desmontar la idea de que la violencia hospitalaria ocurre únicamente por trastornos psiquiátricos o consumo de sustancias. Aunque estos factores pueden estar presentes, el fenómeno también está siendo impulsado por transformaciones sociales y estructurales.

Entre ellas destacan reducción de capacidad de atención psiquiátrica, saturación hospitalaria, tiempos prolongados de espera, frustración acumulada de pacientes y familias y crisis emocionales vinculadas con procesos de enfermedad.

En servicios de urgencias, donde actualmente se concentra una parte importante de la atención médica, estas condiciones generan escenarios especialmente sensibles para la escalada de conflictos.

El costo humano

Las consecuencias no recaen únicamente sobre quienes reciben directamente la agresión. El análisis cita datos que muestran una exposición sostenida del personal sanitario: en promedio, dos enfermeras son agredidas cada hora en Estados Unidos y dos de cada tres médicos de emergencias reportan haber sufrido agresiones durante el último año.

Además del daño físico inmediato, la violencia está asociada con:

  • agotamiento profesional;
  • ausentismo;
  • rotación de personal;
  • disminución del bienestar psicológico;
  • errores clínicos;
  • y deterioro de la calidad asistencial.

Otro elemento preocupante es que muchos trabajadores continúan considerando que ser agredidos “forma parte del trabajo”.

El subregistro: un problema que impide dimensionar el riesgo

Para el especialista, uno de los principales obstáculos para responder al fenómeno es que gran parte de los incidentes nunca llega a documentarse. Lo anterior se debe a múltiples razones como temor a represalias, la percepción de que no va a generar cambios o normalización de la violencia.

Este subregistro limita la capacidad institucional para identificar patrones, asignar recursos y diseñar intervenciones preventivas. Por ello, muchos sistemas hospitalarios están impulsando mecanismos de reporte más accesibles y enfoques que reduzcan el estigma asociado a reportar incidentes.

Invertir en prevención

Frente al crecimiento del problema, hospitales y organizaciones sanitarias están invirtiendo cada vez más en prevención. Las medidas ya no se limitan al personal de seguridad.

Parte de la estrategia, es hacer uso de capacitaciones en desescalada de conflictos, sistemas electrónicos de alerta o portátiles para solicitar ayuda, mejoras en controles de acceso acompañado de videovigilancia, equipos especializados en respuesta conductual.

También crece el uso de modelos basados en prevención del delito por medio del diseño de ambientes (CPTED por sus siglas en inglés), que permite organizar hospitales en zonas públicas, semirestringidas y restringidas para disminuir exposición al riesgo.

La seguridad deja de ser solo tarea del departamento de vigilancia

Uno de los cambios más relevantes identificados por el análisis es que la prevención de violencia ya no se entiende como una función exclusiva del área de seguridad. La tendencia apunta hacia modelos institucionales donde participan todos los actores de la organización, desde la dirección hasta el personal administrativo, trate o no directamente con los pacientes.

La lógica detrás de este cambio consiste en que si la violencia afecta atención, retención del talento y funcionamiento del sistema, entonces la respuesta también debe ser transversal.

La protección del personal sanitario dejó de verse únicamente como una medida laboral o de seguridad institucional. Cada vez más organizaciones la consideran una condición necesaria para sostener la calidad asistencial, la confianza pública y la estabilidad futura de los sistemas de salud.

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