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Cada vez que ocurre un tiroteo masivo, los medios de comunicación enfrentan una tarea compleja: informar sobre un hecho de enorme interés público sin contribuir, de manera involuntaria, a la difusión de mensajes que puedan favorecer futuras imitaciones.
Durante los últimos años, la investigación criminológica ha analizado el papel que desempeña la cobertura mediática en estos casos y ha impulsado un debate sobre cómo informar con responsabilidad, sin restringir el derecho que tiene la ciudadanía a estar informada.
Cuando ocurre un evento de esta categoría, la atención pública suele concentrarse rápidamente en quién fue el responsable, en cuestión de horas comienzan a difundirse el nombre del agresor, fotografías, antecedentes personales, publicaciones en redes sociales e incluso detalles sobre sus motivaciones.
En algunos casos aparecen manifiestos, videos o mensajes preparados antes del ataque con el propósito de ser conocidos por una audiencia amplia, esta cobertura responde al interés legítimo de comprender lo ocurrido. Sin embargo, diversas investigaciones han advertido que la forma en que se informa sobre estos hechos también puede producir efectos no deseados.
Fama y notoriedad
Las investigaciones sobre tiroteos masivos muestran que algunos agresores buscan mucho más que causar daño físico. También pretenden obtener reconocimiento, notoriedad o permanencia en la memoria colectiva.
En distintos casos documentados, los responsables dejaron escritos, grabaciones o publicaciones diseñadas para ser difundidas después del ataque. Algunos estudiaron hechos anteriores, compararon el número de víctimas alcanzadas por otros agresores o expresaron el deseo de superar ataques previos.
Este comportamiento llevó a varios investigadores a plantear que la búsqueda de fama constituye una motivación relevante para una parte de los atacantes, aunque no para todos. La notoriedad pasa a convertirse en una recompensa simbólica que algunos individuos consideran parte del propio acto violento.
Desde esta perspectiva, la cobertura mediática deja de ser un elemento externo al delito y puede convertirse en uno de los factores que el agresor anticipa durante la planificación del ataque.
No los menciones, pero reporta todo lo demás
Uno de los principales malentendidos en este debate consiste en creer que la propuesta de reducir la exposición pública del agresor equivale a censurar la información.
Los expertos no indican que los medios deban ocultar la identidad del responsable en todos los casos ni dejar de informar sobre el ataque, su planteamiento es evitar que la cobertura otorgue al agresor un nivel de protagonismo que exceda el interés informativo.
En la práctica, esto implica reflexionar sobre aspectos como la repetición constante del nombre del atacante, el uso reiterado de su fotografía, la publicación íntegra de manifiestos o la difusión de material propagandístico elaborado por él mismo.
En su lugar se recomienda reportar y nombrar a las víctimas, sus historias, testigos clave o personal de emergencia que atienda la escena. Se puede buscar también la voz de expertos o mencionar las consecuencias penales que podría enfrentar el atacante.
La finalidad es reducir las oportunidades de que futuros agresores perciban que un ataque masivo constituye un camino eficaz para alcanzar reconocimiento público.
El papel de las redes sociales
El escenario actual difiere considerablemente del existente hace dos o tres décadas, antes, la cobertura dependía principalmente de periódicos, radio y televisión.
Hoy intervienen también plataformas digitales, transmisiones en directo, foros de discusión, algoritmos de recomendación y comunidades virtuales donde determinados ataques continúan analizándose durante años.
Esta realidad dificulta cualquier estrategia basada exclusivamente en los medios tradicionales, incluso si un medio adopta criterios responsables de cobertura, el contenido puede circular posteriormente en redes sociales, sitios especializados o plataformas donde los propios usuarios reproducen imágenes, videos y mensajes del agresor.
Por ello, la responsabilidad ya no recae únicamente sobre periodistas y empresas de comunicación, también involucra a plataformas digitales, instituciones educativas y ciudadanía.
La ciudadanía tiene derecho a conocer lo ocurrido y los medios tienen el deber de informar, pero ese deber también implica reflexionar sobre las consecuencias que determinadas formas de cobertura pueden generar.
Informar con responsabilidad no elimina el riesgo de nuevos ataques, sin embargo, puede contribuir a que la información deje de ser uno de los elementos que algunos agresores esperan obtener cuando planifican su delito.
Fuente
Lankford, A., & Madfis, E. (2018). Don’t Name Them, Don’t Show Them, But Report Everything Else: A Pragmatic Proposal for Denying Mass Killers the Attention They Seek and Deterring Future Offenders.
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