Zona Segura

¡SEGURIDAD EN EL LIMBO! La informalidad del negocio de la seguridad privada en Costa Rica

Un pensamiento muy celebre de los filósofos Hobbes y Locke nos habla sobre la capacidad del orden justo en la sociedad y la ley natural del hombre de la protección misma, pero del mismo modo la capacidad que se tiene de transferir este derecho a alguien o algo.

Por: Rodrigo Rojas Valerín

Criminólogo

El día 04 de diciembre del año en curso lo iniciábamos con una noticia que nos dejaba impactados, la noticia redactada por el sitio web Amelia Rueda tenía como encabezado lo siguiente “Guarda de hotel como principal sospechoso de matar a turista venezolana en Escazú”, noticia que nos presenta como principal sospechoso del homicidio de la turista venezolana Carla Stefeniak, a un hombre nicaragüense de apellidos Espinoza Martínez y que según datos brindados por el Organismo de Investigación Judicial se encontraba de manera irregular en el país y laboraba como guarda de seguridad en el hotel en el que se hospedaba la turista. Ante lo anterior nos salta la duda que muchas veces ha sido una duda colectiva en cuanto a la incompetencia estatal de brindar protección y seguridad, y como esta necesidad social se convirtió en un contrato privado de préstamo de servicio.

Como bien lo sabemos, nuestra constitución política en su artículo 12 menciona “Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias”, dándonos una garantía de protección y salvaguarda de los bienes del estado costarricense y sus ciudadanos, y de aquí es donde el Estado a través de sus órganos de seguridad, debe de velar por la protección de los ciudadanos a través de los diferentes mecanismos que existen, sea desde el Legislativo como gestor de políticas y leyes que crean ministerios u órganos garantes de la seguridad del país y sus cuerpos adscritos o desde el Poder Judicial y Poder Ejecutivo como garantes del cumplimiento de la leyes que el Legislativo promulga; es por lo anterior que el estado en toda su esfera de acción tiene la obligación de cuidar del ciudadano trabajador y honesto que habita en Costa Rica a través de los diferentes mecanismos ejecutores que existen a lo largo y ancho de la organización del Estado costarricense.

Pero como bien lo sabemos en este siglo XXI, en Costa Rica este mandado constitucional no se ha cumplido a cabalidad, debido a muchas aristas de inacción estatal y sobre todo a la larga lista burocrática que existe en un país tan pequeño como Costa Rica, y es por esta razón que en la década pasada el Estado le da la potestad ya bajo ley de brindar protección a empresas de seguridad, mediante la Ley 8395 de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados, potestad que se suscribirá mediante contratos y teniendo como ente regulador y fiscalizador de estos servicios a la Dirección de Servicios de Seguridad Privados adscrito al Ministerio de Seguridad Publica; pero ¿qué relación tiene esto anteriormente mencionado con la noticia del sitio AmeliaRueda.com del 04 de Diciembre? bueno, la respuesta es muy simple, el negocio de la seguridad privada es un negocio que está a la libre en Costa Rica y no se fiscaliza como realmente tiene que darse.

Para palabras tenemos datos, según un estudio realizado en el 2018 por el medio digital Nación.com, cerca de 8000 mil armas de empresas de seguridad van a dar al mercado negro y que cerca de 700 empresas de seguridad se encontraban con permisos al margen de la ley. Además, un estudio hecho por este medio digital en el 2016 indica lo siguiente:

Solo 605 compañías están inscritas y vigentes. Otras 231 tienen la licencia vencida y fueron advertidas de la obligación de hacer la renovación, a más tardar, el 15 de junio. Más de 500 aparecen en las listas de morosidad de la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero la mayor preocupación se centra en las 707 empresas cuya localización se ha vuelto imposible para las autoridades.

La Nación

Igualmente, otros datos nos evidencian mucho más este panorama de informalidad, datos brindados por la plataforma ControlPas del Ministerio de Seguridad Publica exponen que empresas de seguridad únicamente registraban a 8 agentes de seguridad, pero la realidad era que la empresa de seguridad tenía en su planilla más de 50 agentes de seguridad.

Ahora ahondando el tema de propiamente, los agentes de seguridad se tienen los datos que para el 2018 en Costa Rica hay un aproximado de más de 27 000 agentes de seguridad y cuyo perfil es un perfil básico, con escolaridad apenas básica y con ingresos económicos muy por debajo del salario base en muchos casos, y de esos más de 27 000 agentes de seguridad un total 26 000 tienen permiso de portación de armas al día, dejando en el limbo a más de 1000 agentes de seguridad con los que no se cuentan datos y trabajan en la informalidad, lo anterior según datos brindados por el medio digital (Nacion.com).

Realizando un análisis rápido de los datos brindados y poniendo en contexto el aumento de los delitos contra la propiedad y contra la vida en Costa Rica, podemos suponer que el incremento de la inseguridad desde todas sus formas es un mal que agobia a la sociedad costarricense y que no se explica como un derecho fundamental no puede ser garantizado de manera eficiente, además de la ineficiente fiscalización del Estado hacia estas empresas de seguridad y sobre todo la evasión del pago de las cuotas de seguridad social y evasión al fisco, teniendo como punto de partida la nula supervisión de este negocio.

La informalidad de este negocio empieza desde el momento en el que se contrata a una persona que no cuenta con un perfil idóneo para realizar tan delicado trabajo, además de tener poca o nula capacidad y adiestramiento en el tema del manejo de armas de fuego; asimismo muchas veces estas empresas de seguridad contratan personal extranjero con estatus irregular en Costa Rica y del cual no se cuenta con un análisis de antecedentes penales y que muchas veces son personas que huyen de su país debido a temas de crimen organizado o a investigaciones por delitos contra la propiedad o contra la vida, para muestra tenemos la noticia del 12 de Diciembre del medio digital laprensalibre.cr, que en su encabezado indica “ Hotel donde estaba Stefaniak contrató otro nica ilegal “ y la noticia en cuestión nos expone lo siguiente:

El hotel Le Mas, que forma parte de la investigación por la muerte de la venezolana Carla Stefaniak, contrató a otro nicaragüense en condición migratoria irregular para funciones de seguridad.

La Prensa Libre

El ciclo de la informalidad se empieza a acrecentar cuando estas empresas trabajan bajo el anonimato y cambian de razón social como cambiarse de ropa y no reflejan en sus datos las ganancias que realmente tienen y reciben mes a mes, además de que dentro del salario que pagan a sus agentes de seguridad muchas veces omiten el pago de pluses como horas extras o horas nocturnas sin olvidar el pago de las cargas sociales que tienen que realizarle a la seguridad social del país y que estas empresas omiten hacer y se arriesgan de tener a sus agentes de seguridad sin un seguro social básico.

La informalidad del negocio de la seguridad privada es un mal que cada vez más se engrandece teniendo como actores principales la poca supervisión de los órganos fiscalizadores de este negocio y también con grado de culpa los llamados “clientes”, esas personas, instituciones del estado o empresas que contratan un servicio de seguridad privado a sabiendas que esa empresa se encuentra al margen de la ley y sobre todo cuenta con agentes de seguridad no aptos para el desarrollo de la labor de vigilancia y seguridad.

Por lo anteriormente dicho la culpa se comprime en un cóctel muy inflamable y que al final del día tiene como cliente final el ciudadano costarricense que confía su seguridad y la de los suyos en personas que tal vez no tengan la mínima capacidad para la labor de la seguridad; labor que en principio es obligación del estado pero que este deja en manos de empresas de seguridad que trabajan muchas veces al margen de la ley.

Finalizamos con la famosa frase del comediante Mexicano Roberto Gómez Bolaños bajo su personaje del Chapulín Colorado, frase que refleja hoy en día una duda que tiene la sociedad y que cada vez más es difícil de responder.

¡Y ahora quien podrá defendernos!

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