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Seguridad y política: ¿Hacia dónde vamos?

Saludos lectores

Las estadísticas nos muestran que experimentamos las tasas más altas de delincuencia en la historia, y esto ha sido usado como una herramienta política para promover mitos y tabúes sobre el tema. A las puertas de un nuevo período presidencial, la carencia de propuestas reales, serias y responsables fue evidente en la mayoría de los planes de gobierno (con algunas excepciones puntuales que ya no vienen al caso analizar acá) y es preocupante saber que a estas alturas, aún no hay una línea clara del camino a seguir los próximos 4 años en materia de criminalidad.

Quisiera por ese motivo referirme un poco sobre esta forma tan perversa que usan los candidatos u organizaciones con fines políticos, para informar a la ciudadanía sobre el problema de la delincuencia, la característica que identifica a estos movimientos sin importar si creen en lo mismo o no, es que cada uno vela por su interés personal, la intención es ser oposición, resaltar que los otros lo hicieron mal y que ellos pueden hacerlo mejor, y la discusión por generar políticas criminales acordes a nuestra realidad, termina en proyectos olvidados, descartados, o peor aún, mal aprobados y así cada 4 años, se desechan las acciones buenas, y se inician líneas nuevas, como si se tratara de una partida nueva en un video juego.

Mientras todo esto pasa, el pueblo, sobre todo aquel que vive en condiciones sociales de vulnerabilidad, termina siendo víctima de la delincuencia, que no se detiene como el resto de la población a ver quién va a venir el próximo período a salvarnos de los criminales, ellos continúan trabajando y haciendo daño a nuestras familias. Y el problema no es solo de este gobierno, hago un análisis del pasado y no recuerdo año en el que no surjan los mismos argumentos de siempre que reclamaban penas más severas, que critican el trabajo de la policía, a los jueces y que considera que las cárceles no sirven.

Y pese a todo esto, nada de lo que se ha hecho funciona, o al menos eso considera una gran parte de la población, porque el único interés político ha sido ver cómo responsabilizan al otro para ganar votos, no se maduran las ideas, no se crean canales de comunicación con la ciudadanía, quien se siente naturalmente desprotegida y olvidada por los políticos en cada campaña electoral, ¿quién pensaba que la delincuencia iba a bajar en estos últimos 4 años? De seguro algunos coincidirán conmigo en que esto era un escenario que ya se sabía que iba a suceder, para el 2014 la cifra llegaba a los 10 homicidios por cada cien mil habitantes, pero una gran parte consideraba que sí porque esas personas no conocen de tendencias criminales, no estudian el fenómeno delictivo y no tiene noción de cómo calcular las repercusiones de la guerra a nivel regional contra el crimen organizado como lo hacemos nosotros, hemos vivido durante años engañados en una burbuja en la que le hacían creer al costarricense que la violencia de los países vecinos nunca iba a desarrollarse aquí, porque por alguna extraña razón, nos consideramos “diferentes” al resto de América Latina.

Analicemos algunas de las críticas más fuertes que dominan la opinión pública, las desafortunadas “golondrinas”, es decir, para los que me leen de otros países, los privados de libertad, llamados así gracias a una frase inapropiada dicha por el Presidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís ante el cuestionamiento de una persona que cometió un delito mientras gozaba de un beneficio carcelario -una golondrina no hace verano- expresó en su momento, lo anterior, por supuesto, generó el repudio y enojo de la mayor parte de los costarricenses y evidencia la mala asesoría e información que tienen nuestros líderes para abordar estas situaciones.

Sin embargo, el tema penitenciario (y del que me he referido en múltiples ocasiones) tiene dos aristas distintas, por un lado, se cree que es a causa de la liberación masiva de delincuentes que las cifras de criminalidad aumentaron y que es culpa del Ministerio de Justicia y Paz, y lamentablemente, no se puede ocultar que existen hechos graves que sustentan esto como el  caso del homicida de la masacre en Liberia. Pero, de acuerdo con la información que ha sido dada al público, se otorgaron alrededor de 4000 beneficios carcelarios durante el 2017, de los cuáles, un promedio de 350, fueron revocados, para un porcentaje del 7% de reincidencia.

Para un país que llegó a cifras tan altas de inseguridad, se podría esperar un número mayor, pero la realidad parece ser otra y el problema parece venir de otro lado, se habla de un asunto que puede resolverse reestructurando y mejorando el personal técnico y profesional que elabora los estudios para otorgar penas alternativas a los reclusos y despenalizar conductas leves que actualmente son penadas con cárcel para reducir el hacinamiento penitenciario y los procesos judiciales para una mejor ejecución de los recursos, pero para esto es necesario el compromiso de los legisladores por llegar a consensos para aprobar cambios en la legislación y rara vez esto ocurre en nuestra Asamblea Legislativa.

Pero no todo es negativo, además de mantener la reincidencia de estas personas con beneficios en tiempos de alta criminalidad, se han visto esfuerzos en mejorar otras áreas en materia educativa y cultural, y abriendo espacios para que la población recluida pueda trabajar siguiendo el concepto de modelos que han tenido mucho éxito y por eso hoy contamos con la Unidad de Atención Institucional Reynaldo Villalobos, quien a propósito del tema, una vez conversando con él me comentaba que cuando se solicitaban recursos para los centros penitenciarios, la respuesta casi siempre era negativa “de por sí son privados de libertad” manifestó mi profesor, haciendo referencia a la respuesta que le dio un diputado ante su solicitud.

Por otro lado, Costa Rica como país garante de derechos y respetuoso de las normas mínimas para el tratamiento de la población privada de libertad o que es detenida bajo sospecha de haber cometido un acto ilícito, no permite que las autoridades actúen como desea que lo haga un sector de la población, que clama por usar políticas más represivas para repeler o detener delincuentes, lo que ha generado que los ciudadanos comiencen a tomar la justicia en sus manos y exijan a los gobernantes aplicar cambios drásticos en la legislación por considerarlas alternativas para reducir la violencia, ignorando todo el conocimiento criminológico que existe al respecto, una posición sustentada únicamente en el sentimiento de impotencia que sentimos ante el aumento de la violencia.

Lamentablemente, algunas actuaciones por parte de la policía evidencian fallas en su capacitación y en ocasiones no saben cómo reaccionar, cometiendo errores que ponen en riesgo la vida de sí mismos o de terceros y que lejos de establecer el orden público, pueden provocar más bien que un delincuente quede en libertad, y a esto hay que sumarle el mal enfoque que se ha utilizado para mejorar los controles en temas de armas de fuego que le competen al Ministerio de Seguridad Pública.

Y ni hablar de otras policías, desde el 2016 en apariencia se iniciaron capacitaciones para los oficiales de tránsito en defensa personal y uso de armas de fuego debido al aumento de las agresiones a estos funcionarios, apenas hace dos años esto fue una necesidad para el país pero son policías, ¿cómo es posible que se actúe solo en estas circunstancias cuando deberían estar siempre preparados para eso? lo más insólito es que se siguen presentando casos de oficiales que ponen en riesgo su vida y la de terceros, eso sí, ya se cuentan con nuevas y mejores instalaciones para la Escuela Nacional de Policías y se ha dado a conocer que al menos existen grupos policiales que se están preparando para combatir la delincuencia que proviene de las bandas organizadas, y entre algunas de las propuestas más coherentes que han surgido en la actual campaña electoral, está crear mecanismos para unificar la capacitación de las diferentes policías y que trabajen en una misma línea.

Pero mientras todo esto ocurre, hemos dejado de lado otras acciones en las que deberíamos estar trabajando también, ¿cuándo ha escuchado un político decir que el problema lo vamos a resolver todos? ¿será que algún día se animarán a decirle al pueblo que deben empezar por organizarse entre las comunidades, trabajar sin ningún tipo de remuneración para conseguir mejoras en su barrio o entorno si quieren vivir más seguros? Existen personas que adoptan una medida de seguridad para sí mismos o su familia, solo si existe algún hecho o evento que le indique que hay un peligro y lo peor es que estos programas sí existen, pero conseguir que las personas se integren no es tarea fácil, existe apatía y una idea generalizada de que esto es un trabajo del Estado y que no somos co-responsables por nuestra falta de interés y de esperar que todo nos lo den sin mayor esfuerzo.

Otro sector descuidado, son nuestros centros educativos donde los niños y adolescentes no reciben educación formal en áreas como seguridad personal, seguridad vial, cómo identificar conductas o personas sospechosas, solicitar auxilio o conocer sobre el uso seguro de plataformas digitales que pueden llevarlos a caer en manos de ciber delincuentes. A lo mucho se dan charlas por parte de la Fuerza Pública o Policía Municipal, pero es necesario ir más allá y formalizar este tipo de educación preventiva, porque justamente esta es la mejor etapa para educar y cambiar nuestra cultura, en países como México ya hay criminólogos haciendo trabajo en las escuelas para prevención del delito ¿cuándo vamos a aprender a imitar lo bueno?

¿Y las víctimas? Existen carencias en nuestra justicia restaurativa, o al menos, es lo que es visible para la población civil, pocas veces se da énfasis en la atención que reciban las personas que han sufrido la acción criminal y si fuera poco, constantemente vemos medios de comunicación publicando entrevistas con los sospechosos sobre el caso del cemento chino y el homicida de Liberia, aumentando el descontento, pues los costarricenses no nos sentimos realmente retribuidos como víctimas pero nuestros delincuentes sí son famosos, algo casi calcado de otras culturas que lucran con la violencia y el dolor de los demás.

Los procesos judiciales pueden durar años y algunos prefieren no seguir con el proceso y otros ni tan siquiera denuncian. En este punto debo mencionar que el criminólogo ha contribuido a esto, pues hemos dejado olvidada la victimología y nuestros mayores esfuerzos están enfocados más en el delincuente, no porque los defendamos -como creen algunos- sino porque son los que mayor peligro representan a la sociedad y trabajamos constantemente en su abordaje, no obstante, no es excusable y con justa razón el pueblo reclama el olvido absoluto de la víctima.

Nuestros gobernantes tienen una deuda enorme con el país, la brecha de desigualdad social es una puerta abierta hacia la delincuencia, lo mismo sucede con la falta de empleo digno, trabas para emprender y las dificultades para acceder a servicios básicos como la salud, esto es un claro ejemplo de lo mal administrados que hemos estado durante muchos años, sumado al desinterés por el resto de la población. Lo único que nos queda, es admitir que nuestra delincuencia es un fiel reflejo de la sociedad que hemos creado, no debe extrañarnos que el costarricense no entienda el panorama que atraviesa el país en seguridad nacional porque cada 4 años los políticos endulzan a los votantes con promesas de atender el problema como si se tratara de algo que puede solucionar en un período tan corto y cuando ya están en el poder, se dan cuenta de la inviabilidad de muchas de sus propuestas.

Sin embargo, contrario al criterio de otros colegas, yo sí creo que como criminólogos estamos a tiempo para comenzar a revertir lo que ya se pronostica dentro de 10 años, pero para eso necesitamos un compromiso real, estamos ante un panorama político incierto sobre el rumbo que va a tomar nuestra seguridad, algunos tendrán la oportunidad de tomar acciones desde el gobierno, otros quizás no tengamos la posibilidad desde ahí pero sí tenemos mucho por hacer, seguir sentados esperando que el gobierno abra plazas para nosotros NO es una opción, hay que trabajar en proyectos, presentar propuestas, unirse a las comunidades y educarlas, debemos exigir mejoras en las ofertas curriculares que ofrecen los centros educativos que imparten nuestra carrera para que se ajusten al contexto social que estamos viviendo y participar de actividades que nos permitan actualizarnos y generar investigación criminológica, entre muchas más, si no empezamos a hacer nuestro trabajo diferente, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados.

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