Criminología mediática y política criminal en Costa Rica

Saludos lectores

Costa Rica cerró el 2022 con un total 654 homicidios que representan un promedio de 12.6 muertes por cada cien mil habitantes. Esta cifra es la más alta registrada hasta el momento en el país, encendiendo las alarmas de las autoridades y de la población en general. El panorama no es para nada alentador, el país viene mostrando un alza durante la última década en cuanto a homicidios se refiere, encabezando así la lista de países que mayor crecimiento ha experimentado entre el 2012 y el 2022, superando a países como México, Jamaica, y Haití.

Ante esta situación, la ciudadanía demanda a las autoridades más acciones para atender la inseguridad ciudadana, y es acá donde la criminología mediática juega un papel fundamental en la creación de políticas públicas que hagan frente a la situación. En palabras sencillas, la criminología mediática surge a partir de la (des) información proveniente de los medios de comunicación, siendo la televisión y las redes sociales las que mayor impacto tienen en la percepción del fenómeno criminal.

Lamentablemente, en una gran mayoría de los casos, el abordaje de la criminalidad en el país por parte de los medios de comunicación, promueven la creación de estereotipos o estigmas sociales que posteriormente son usados por la población para presionar a las autoridades a establecer medidas “más severas”. De ahí que se genere una falsa percepción sobre poblaciones vulnerables como el caso de extranjeros con estado migratorio irregular, personas con adicciones o habitantes de la calle, a quienes se les “responsabiliza” por la inseguridad del país.

También contribuyen al desconocimiento sobre cómo funciona la legislación ya que confunden al espectador que no comprende sobre medidas alternativas a la prisión, o de qué va la prisión preventiva, no comprenden tampoco las diferencias entre antecedentes penales o antecedentes policiales, entre otros.

Por consiguiente, y para quedar bien con el pueblo, los políticos buscan crear nuevas leyes o mecanismos acorde al clamor popular, sin embargo, es acá en donde la mayor parte de las políticas criminales fracasan, debido a que responden únicamente a la voz popular y subjetiva de la ciudadanía, en lugar de ser abordadas con criterio experto.

Entonces ¿cuál debería ser la línea que deben seguir las autoridades? Empecemos recordando cuál debería ser, en primera instancia, el objetivo de una política criminal: La prevención.

Para prevenir todos esos comportamientos delictivos o lesivos para la sociedad, se necesita más que leyes y penas de prisión severas, de hecho, la privación de libertad debería ser el último recurso para abordar a una persona que ha cometido un delito, esto porque lo que la criminología busca es justamente evitar que suceda. Por eso se dice que la mejor política criminal es la social, cuando el Estado atiende de manera integral los problemas de desempleo, vivienda y/o, salud, hay un impacto directo sobre la criminalidad.

El primer filtro de control para prevenir la delincuencia es desde la familia, es ahí donde se comienza a formar a los ciudadanos, pero no podemos pedirle al Estado que intervenga más allá que garantizando el acceso a los servicios básicos que cada individuo requiere. Sin embargo, hay que tener presente que, si este filtro falla, se debe actuar, y es por medio de la educación formal que brinda el Estado, en donde se puede atender.

Por lo anterior, es que se necesita con urgencia la incursión de profesionales en criminología dentro del Ministerio de Educación Pública y ser tomados en cuenta a la hora de abordar la política educativa del país ya que no podemos poner sobre otros profesionales, como educadores, orientadores o psicólogos, la responsabilidad de atender los focos de delincuencia que comienzan a visualizarse desde edades tempranas, ya que el fin de estos profesionales es totalmente ajeno al análisis del fenómeno criminal.

Pero mientras mejoramos las condiciones de las nuevas generaciones de niños y adolescentes que vienen en camino, hay que atender naturalmente la inseguridad que se vive actualmente, mediante controles preventivos y de contención, por eso se hace cada vez más evidente la necesidad de darle mayor protagonismo a los gobiernos locales ya que tienen un mejor conocimiento sobre el cantón/pueblo para trabajar en una política criminal local, ajustada a sus necesidades y permitiría aprovechar los recursos locales para abordar delitos o conflictos “menores” y de esta forma la Fuerza Pública podría enfocarse en los problemas macro, como es el caso de las organizaciones criminales como narcotráfico o trata de personas.

Si bien algunas municipalidades cuentan ya con su propia policía municipal y se mantienen en comunicación y trabajo conjunto con Fuerza Pública, esta no es la realidad en todos los cantones, algunos ni siquiera tienen conformada una policía local y la labor de seguridad recae directamente sobre Fuerza Pública.

En referencia a las fuerzas policiales del país, es necesario avanzar a policías más tecnológicas, cada oficial debería contar como mínimo, una cámara corporal que documente absolutamente todas sus actuaciones durante su labor y que servirá de respaldo ante casos de abuso de autoridad o de elemento probatorio en un juicio, por lo que el juez podrá analizar mejor cómo se dieron los hechos.

También se debe ampliar el equipo de defensa que pueden portar los oficiales, por ejemplo, actualmente los oficiales de Fuerza Pública no pueden portar un simple gas pimienta como parte de su equipo, a pesar de ser un arma “menos lesiva” y que sería de gran utilidad para reducir a la impotencia a una persona agresiva sin la necesidad de utilizar un arma de fuego, de manera que los oficiales tengan más opciones para poder actuar según las circunstancias.

Otra iniciativa que se puede volver a analizar es la fusión de algunas policías que actualmente responden a una jerarquía distinta a la del Ministerio de Seguridad Pública, como es el caso de la policía de migración, policía fiscal, policía de tránsito, y que podría contribuir a una gestión más articulada y ordenada. Exceptuando por supuesto a la policía judicial por un tema de división de poderes y la policía penitenciaria porque sigo sosteniendo mi posición que debe seguir bajo la administración del Ministerio de Justicia y Paz por la naturaleza de sus funciones.

Y finalmente, se debe modernizar la legislación y adaptarla a la actualidad, sin embargo, acá es importante señalar que no se trata de cambiar leyes para aumentar más penas, sino de modificarlas para que sean más eficientes, que se puedan cumplir y que dote a los jueces de más elementos para poder tomar una decisión, así mismo, se debe hacer un análisis en cuanto a los mecanismos alternos a la privación de libertad, para que cumplan su función pero que no sean otorgados a cualquier perfil, como es el caso del monitoreo electrónico, que dicho sea de paso, ya en otros países se ha comenzado a usar brazaletes electrónicos para casos de violencia intrafamiliar, para detectar si el agresor/sospechoso, traspasa los límites permitidos acercándose a la víctima y alertándola, porque definitivamente seguir recetando cárcel lo único que propicia es un desgaste social y económico significativo, ya que se necesitan más centros penitenciarios, más policías, más jueces, fiscales, investigadores, más recursos económicos,… Y todo esto en un país que atraviesa actualmente una severa crisis económica.

A modo de conclusión, abordar el problema de inseguridad ciudadana no es labor sencilla, se necesita más integración de distintos sectores, incluyendo al sector privado y a las comunidades, para que tomen acción sobre su propia seguridad de la mano de un Estado que promueva el acceso a una mejor calidad de vida, una política criminal no puede salir bien si se usa como herramienta política, para señalar los errores de otras dependencias/poderes o para enaltecer la imagen del político de turno.