El análisis busca examinar la verdadera crisis de
inseguridad y violencia en Costa Rica. Para entender
esta situación compleja, es crucial examinar
múltiples facetas del problema.
Presentado por:
Licdo. Mario Arias
ANTECEDENTES
Este análisis considera varios aspectos relacionados con la seguridad y la justicia en Costa Rica, incluyendo los proyectos de ley aprobados, los delitos contra la propiedad, los homicidios y las muertes en carretera.
Costa Rica está apostando fuertemente por la aprobación de leyes destinadas a frenar la actividad económica de la criminalidad organizada, con el objetivo de reducir la alarmante curva de homicidios. Entre 2022 y 2023, se observó un preocupante aumento de 243 homicidios, alcanzando una cifra récord de 907 para el año 2023.
Para abordar esta problemática, se ha conformado una agenda de seguridad integrada por funcionarios de los tres poderes del Estado: legislativo, judicial y ejecutivo, en una comisión tripartita.
En una agenda tripartita de seguridad en Costa Rica consta de 37 propuestas diversas, algunas de las cuales aún se encuentran en proceso de redacción para ser presentadas como proyectos. Hasta el momento, se han aprobado 13 de estas propuestas, mientras que otras 7 han sido rechazadas. Además, 2 están en la agenda del Plenario, 9 se encuentran en el orden del día de una comisión y 6 están en fase de negociación.
La brecha entre la intención y la realidad es un abismo que a menudo separa los proyectos de ley de su impacto real en la resolución de los problemas fundamentales. En el caso específico de los proyectos de seguridad presentados por los tres poderes de la república en sus agendas, en dos años de labores, encontramos lo siguiente:
Trazando la Efectividad de los 13 Proyectos de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en Costa Rica
1. Proyecto 22588: Autorización a vehículos de seguridad para no ser rotulados. Presentado 19 JUL, 2021, PLN
Estado: Aprobado en segundo debate el 7 de diciembre de 2023.
Campo de Acción: Entidades de la Administración Pública y empresas estatales.
Propósito: Amplía a todas las entidades de la Administración Pública y empresas estatales, que realizan funciones de seguridad e investigaciones administrativas, la autorización de contar con vehículos no rotulados para la ejecución de sus funciones.
2. Proyecto 25643: Centro de capacitación del OIJ. Presentado 7 OCT, 2019, PLN
Estado: Aprobado en segundo debate el 25 de enero de 2024.
Campo de Acción: Política de persecución penal (competencia del Poder Judicial).
Propósito : Busca una intervención directa de las personas especializadas en las técnicas científicas que desarrolla la policía judicial en los procesos de formación curricular y posterior aplicación de cursos, capacitaciones y titulaciones de acuerdo con las necesidades policiales.
3. Proyecto 22651: Reforma del artículo 191 del Código Procesal Penal fomentar la eficiencia en el levantamiento de cadáveres. Presentado 19 Agosto, 2019, PLN
Estado: Aprobado en segundo debate el 12 de octubre de 2023.
Campo de Acción: Política de persecución penal (competencia del Poder Judicial).
Propósito: La presentación del proyecto para mejorar la eficiencia en el levantamiento de cadáveres que se pone a discusión obedece al razonable interés de disminuir los tiempos de espera y atención de sitios de suceso
4. Proyecto 22590: Creación de un tipo penal para sancionar el uso de dispositivos de radiofrecuencias para inhibir Presentado19 JUL, 2021, PLN
Estado: Aprobado en segundo debate el 19 de octubre de 2023.
Campo de Acción: Política penitenciaria (competencia del poder Ejecutivo mediante del Ministerio de Justicia).
Comentario: Esta medida busca abordar una nueva forma de delito tecnológico, protegiendo la integridad de las comunicaciones y fortaleciendo la seguridad en instituciones penitenciarias.
Propósito: Conviene apuntar que este proyecto responde a una necesidad real en nuestro país, en el sentido de que la actividad delictiva ha estado haciendo un uso malicioso y pernicioso de los bloqueadores de frecuencias y señales, que continuamente están afectando a la población en detrimento de sus bienes patrimoniales, por lo cual se vuelve preciso actualizar nuestro ordenamiento jurídico penal conforme se van innovando avances tecnológicos, para evitar que estos se vuelvan una herramienta en beneficio de los infractores delictivos.
5. Proyecto 23519: Ley para revocar o modificar el beneficio de libertad condicional. Presentado 22 Enero, 2023, PUSC
Estado: Aprobado en segundo debate el 8 de febrero de 2024.
Campo de Acción: Política penitenciaria (competencia del poder Ejecutivo mediante del Ministerio de Justicia).
Propósito: Este proyecto de ley propone agregar un tercer inciso al artículo 67 del Código Penal, el cual consiste en la revocatoria o modificación del beneficio concedido, siempre y cuando el liberado haya sido arrestado en flagrancia o durante el curso de la investigación judicial por la comisión de un delito doloso. Todo esto con el objetivo de que la persona liberada no siga reincidiendo en su actividad delictiva y con ello continúa violentando la paz social.
6. Proyecto 23575: Ley para la regulación y sanción del delito de préstamo gota a gota. Presentado 22 Febrero, 2023, PNR
Estado: Aprobado en segundo debate el 2 de abril de 2024.
Campo de Acción: Política de persecución penal (competencia del Poder Judicial).
Propósito: La presente iniciativa de ley pretende la regulación y sanción del delito de préstamo Gota a Gota. Se pretende regular a través de esta propuesta desde el plano penal, ampliando el articulado del Código Penal Ley 4573, Título VIII, Sección II. Usura y Agiotaje, con un artículo 243 bis. Con la figura de la Usura Extorsiva, que tiene como objetivo penalizar la forma de cobro de la deuda con acciones de carácter extorsivo. El proyecto fue recomendado por la Comisión de Crimen Organizado y Seguridad, del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica, con la respectiva aprobación de la Junta Directiva de ese colegio (Acuerdo 2023-01-024).
7. Proyecto 23608: Reforma al Servicio General de Guardacosta Donaciones Presentado 27 Marzo, 2023, PUSC
Estado: Aprobado en segundo debate el 5 de diciembre de 2024.
Campo de Acción: Servicio General de Guardacosta.
Propósito : Esta propuesta legal recoge las herramientas para que, en primer lugar, el Servicio Nacional de Guardacostas, así como también, otras instituciones u organizaciones puedan disponer de las embarcaciones y en general de los bienes de naturaleza naval declarados en comiso y en abandono. Entre estas instituciones se pueden citar centros de educación pública, municipalidades de zonas costeras o fluviales, comités de Cruz Roja Costarricense o diversas organizaciones y asociaciones de interés público y sin fines de lucro.
8. Proyecto 23642: Crear una estrategia de prevención de la violencia en personas menores de edad y personas Presentado 21 Marzo, 2023, PLN
Estado: Aprobado en segundo debate el 8 de abril de 2024.
Campo de Acción: Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia.
Propósito: La iniciativa de la diputada del PLN, Alejandra Larios, busca “crear una estrategia de prevención de violencia, poniendo el tema de la seguridad y la convivencia en la agenda y en las competencias de las instituciones, reconociendo que la solución al problema de la criminalidad debe ser integral e interinstitucional”. Propone articular y coordinar las acciones preventivas de violencia en personas menores de edad y personas jóvenes, así como por medio de una planificación interinstitucional y sectorial.
9. Proyecto 23737: Reforma al cumplimiento de la pena para obtención del beneficio de libertad condicional. Presentado 3 Mayo, 2023, PUSC
Estado: Aprobado en segundo debate el 16 de enero de 2024.
Campo de Acción: Política penitenciaria (competencia del poder Ejecutivo mediante del Ministerio de Justicia).
Propósito: Establece que para personas condenadas por delitos que atentan contra bienes jurídicos que tutelan la vida, la propiedad privada de las personas, su seguridad sexual y la salud, la libertad condicional se pueda pedir hasta que se haya cumplido, efectivamente, las dos terceras partes de la pena impuesta en sentencia ejecutoria.
10. Proyecto 23746: Ley para fortalecer el registro judicial y evitar la impunidad Presentado 11 Mayo, 2023, PUSC
Estado: Aprobado en segundo debate el 15 de febrero de 2024.
Campo de Acción: Poder Judicial.
Propósito: La iniciativa aumenta los plazos, posterior a la sentencia, para la cancelación de los registros judiciales, incluyendo los delitos penados con menos de 3 años.
11. Proyecto 23806: Ley para fortalecer los juzgados de flagrancia para garantizar el enjuiciamiento oportuno de los delincuentes Presentado 20 Junio, 2023, PUSC
Estado: Aprobado en segundo debate el 20 de marzo de 2024.
Campo de Acción: Política de persecución penal (competencia del Poder Judicial).
Propósito: Se propone la adición de una oración a los artículos 430 y 435 del Código Procesal Penal que contemple una ampliación del plazo de tres meses a la investigación de delitos en flagrancia, cuando las partes ofrezcan prueba útil, necesaria e imprescindible, que deba recabarse.
12. Proyecto 23978 : Garantizar recursos de impuestos a personas jurídicas Presentado 20 Octubre, 2023, PFA
Estado: Aprobado en segundo debate el 5 de marzo de 2024.
Campo de Acción: Cuerpos Policiales.
Propósito : En esta iniciativa retomamos las reformas propuestas en el citado Expediente 21.155, adicionando ahora una reforma al artículo 11 de la Ley 9428, para determinar que a los recursos del impuesto a personas jurídicas no le serán aplicables las normas de la Ley 9635.
13. Proyecto 23090: Reforma ley orgánica del poder judicial y ley de creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica, Presentado 4 Mayo, 2022, PAC
Estado: Aprobado en segundo debate el 5 de marzo de 2024.
Campo de Acción: Política de persecución penal (competencia del Poder Judicial).
Propósito: El texto de reforma que se pone en conocimiento de la Asamblea Legislativa, para su aprobación, busca fortalecer y mejorar la regulación de procedimiento para investigar y juzgar procesos por delincuencia organizada, también enmendar eventuales conflictos que, según se vislumbra, generaría la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.
Los proyectos legislativos mencionados pueden ser importantes, pero es crucial reconocer que no abordan los problemas estructurales en cuanto a la seguridad en Costa Rica. La lucha contra la delincuencia organizada y la mejora de la seguridad pública requieren un enfoque integral que vaya más allá de simples reformas legislativas.
Una estrategia efectiva debe incluir medidas como el seguimiento del dinero para desmantelar las redes de lavado de dinero y cortar los flujos financieros que alimentan la economía criminal. Esto implica reformas en las leyes de legitimación de capitales y una inversión significativa en mejorar los métodos de investigación y fortalecer las fuerzas policiales.
Además, es esencial establecer una dirección de inteligencia policial capaz de recopilar, analizar y compartir información sobre actividades criminales. Asimismo, la creación de una agencia nacional de ciberseguridad es fundamental para hacer frente a las amenazas en el ámbito digital.
Otras áreas que deben abordarse incluyen la elusión y evasión fiscal, la relación entre estas prácticas y el crimen organizado, así como el tráfico de armas, la corrupción institucionalizada, la desigualdad, la cultura de impunidad y la falta de acceso a la justicia y protección para grupos vulnerables.
Los proyectos legislativos son importantes, se necesita una estrategia más amplia y coordinada que ataque las raíces profundas de la inseguridad y el crimen en Costa Rica. Esto implica acciones concretas en múltiples frentes para crear un entorno más seguro y justo para todos los ciudadanos.
Trazando un camino hacia la seguridad
Más Allá de los Proyectos Legislativos Delitos contra la propiedad, Robo, Hurto, Asalto, Tacha de vehiculo, Robo de vehiculo
Para 2018 se reportaron 60.038 Delitos contra la propiedad.
Para 2019 se reportaron 57.760 Delitos contra la propiedad.
Para 2020 se reportaron 40.170 Delitos contra la propiedad. Covid-19
Para 2021 se reportaron 43.266 Delitos contra la propiedad. Covid-19
Para 2022 se reportaron 49.278 Delitos contra la propiedad.
Para 2023 se reportaron 46.308 Delitos contra la propiedad.
Análisis Comparativo de Seguridad y Justicia en Costa Rica: Administraciones Alvarado y Chaves en Perspectiva de Dos Años
En los últimos años, los delitos contra la propiedad han mostrado variaciones significativas, influenciadas por una serie de factores socioeconómicos y eventos externos. Para comprender completamente esta tendencia, es fundamental analizar los datos proporcionados y contextualizarlos en el panorama más amplio del crimen organizado y las condiciones sociales.
En 2018, se reportaron un total de 60,038 delitos contra la propiedad, marcando un punto inicial en nuestro análisis. Este año estableció un punto de referencia para evaluar las fluctuaciones en los años siguientes. Luego, en 2019, la cifra disminuyó a 57,760 delitos, aunque seguía siendo significativamente alta. Este descenso podría atribuirse a varios factores, como medidas de seguridad más estrictas, mayor vigilancia policial o cambios en la actividad delictiva.
Sin embargo, la llegada de la pandemia de Covid-19 en 2020 trajo consigo un cambio notable en las estadísticas delictivas. Con un total de 40,170 delitos contra la propiedad reportados, se observa una disminución sustancial con respecto al año anterior. Este descenso puede explicarse en parte por las restricciones de movimiento impuestas durante los confinamientos, que podrían haber disuadido ciertos tipos de delitos, como robos y hurtos.
A pesar de las restricciones continuas en 2021 debido a la persistencia de la pandemia, los delitos contra la propiedad aumentaron ligeramente a 43,266 casos. Este aumento, aunque moderado, sugiere una adaptación por parte de los delincuentes a las nuevas condiciones impuestas por la crisis de salud pública. Es posible que hayan desarrollado estrategias alternativas o se hayan enfocado en objetivos diferentes para evitar las medidas de seguridad reforzadas en ciertas áreas.
Para 2022, se observa un aumento significativo en la cantidad de delitos contra la propiedad, con un total de 49,278 casos reportados. Esta subida podría indicar una reactivación de la actividad delictiva a medida que las restricciones de Covid-19 se relajan gradualmente y la sociedad comienza a recuperar cierto grado de normalidad. Los grupos delictivos podrían aprovechar esta oportunidad para intensificar sus operaciones y aumentar su presencia en el escenario del crimen.
Finalmente, en 2023, los delitos contra la propiedad disminuyeron ligeramente a 46,308 casos, aunque aún permanecen por encima de los niveles pre-pandémicos. Esta disminución podría atribuirse a una mayor cooperación entre las autoridades policiales y un refuerzo en las medidas de seguridad implementadas en respuesta al aumento del crimen.
En resumen, el análisis de los delitos contra la propiedad durante estos años revela una interacción compleja entre factores como la actividad delictiva, las condiciones económicas y sociales, y los eventos externos como la pandemia de Covid-19. Esta fluctuación en las estadísticas subraya la necesidad de estrategias integrales de seguridad pública que aborden no solo las consecuencias inmediatas de la actividad delictiva, sino también sus raíces profundas en la sociedad
Muertes en Carretera
Para 2021 se reportaron 365 muertes en carretera.
Para el 2022 se reportaron 472 muertes en carretera.
Para el 2023 se reportaron 517 muertes en carretera.
El aumento en el número de muertes en carretera es preocupante y requiere una atención inmediata por parte de las autoridades y la sociedad en general. A pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad vial, el incremento continuo en estas cifras sugiere la necesidad de implementar medidas adicionales para prevenir accidentes y salvar vidas en las carreteras.
El 2022 registró 654 homicidios, lo que representa un aumento del 38,6% en 2023.
Alza de víctimas colaterales en el 2023
Para el 2021 se reportaron 7 víctimas colaterales
Para el 2022 se reportaron 18 víctimas colaterales
Para el 2023 se reportaron 52 víctimas colaterales
El aumento drástico en el número de víctimas colaterales en el año 2023 es alarmante y requiere una acción inmediata por parte de las autoridades y la sociedad en general. El incremento de 18 a 52 muertes en carretera en tan solo un año indica una tendencia preocupante que debe ser abordada de manera urgente.
Homicidios contra mujeres en Costa Rica
En todo el 2019 se registraron 45 homicidios contra mujeres
En todo el 2020 se registraron 61 homicidios contra mujeres
En todo el 2021 se registraron 55 homicidios contra mujeres
En todo el 2022 se registraron 50 homicidios contra mujeres
En contraste, en todo el 2023 se registraron 71 homicidios
contra mujeres. El mas Violento
Fuente O.I.J
Femicidios contra mujeres en Costa Rica
Fuente O.I.J
Femicidio
En todo el 2011 se registraron 42 Femicidios (mas vilento)
En todo el 2020 se registraron 30 Femicidios
En todo el 2021 se registraron 20 Femicidios
En todo el 2022 se registraron 24 Femicidios
En todo el 2023 se registraron 18 Femicidios
Desde el periodo 2007-2023 se ha registdo 448 femicidios en costa rica
En el año 2022, se registraron 654 homicidios, lo que marca un alarmante aumento del 38,6% en comparación con el año anterior, 2023. Este incremento representa un desafío para el país, ya que la reducción de la curva de homicidios se vislumbra como una tarea primordial. Sin embargo, persistimos en abordar los síntomas sin enfrentar la raíz del problema. Es crucial reconocer esta tendencia y adoptar enfoques más integrales y efectivos para abordar la violencia en nuestra sociedad.
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Licdo. Mario Arias | Organized Crime and Anti-corruption expert
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