La seguridad juvenil constituye uno de los desafíos más complejos y estratégicos para el próximo gobierno de Costa Rica. Desde la criminología, abordar este tema implica trascender la lectura simplista que asocia juventud con criminalidad y reconocer que la violencia y el delito juvenil son fenómenos socialmente construidos, profundamente vinculados a procesos de exclusión, desigualdad y debilitamiento institucional.
En el contexto actual, la inseguridad no solo se expresa en el aumento de delitos, sino en la fragilidad de las trayectorias juveniles, marcadas por la precarización educativa, el desempleo, la violencia territorial y la limitada presencia estatal en comunidades históricamente excluidas.
1. Superar la criminalización de las juventudes
Uno de los principales retos en materia de seguridad juvenil es romper con el enfoque punitivo y estigmatizante que ha predominado en la política criminal costarricense. Las juventudes, especialmente las de sectores empobrecidos, continúan siendo tratadas como sujetos de riesgo, lo que favorece prácticas de control policial selectivo, perfilamiento y criminalización temprana.
Desde la criminología crítica, esta lógica no solo vulnera derechos fundamentales, sino que incrementa la probabilidad de involucramiento en dinámicas delictivas, al debilitar los vínculos sociales y reforzar identidades marginales.
2. Fortalecer la prevención social del delito juvenil
La prevención continúa siendo uno de los puntos más débiles de la política de seguridad. Aunque suele mencionarse en los discursos oficiales, rara vez se traduce en acciones sostenidas, focalizadas y evaluables dirigidas a juventudes en contextos de vulnerabilidad.
El reto central consiste en articular políticas de seguridad con políticas educativas, laborales, culturales y comunitarias, que incidan directamente en factores estructurales como la deserción escolar, la falta de oportunidades laborales y la violencia intrafamiliar.
3. Abordar la violencia territorial y el reclutamiento juvenil
El avance del crimen organizado y las economías ilícitas ha intensificado el reclutamiento de jóvenes en territorios socialmente excluidos. Desde la criminología, este fenómeno responde más a estrategias de sobrevivencia que a decisiones individuales.
El próximo gobierno deberá enfrentar este reto mediante intervenciones territoriales integrales que combinen seguridad, inversión social, empleo juvenil y fortalecimiento comunitario.
4. Repensar la justicia penal juvenil desde un enfoque restaurativo
Aunque normativamente el sistema penal juvenil se sustenta en principios socioeducativos, en la práctica reproduce lógicas punitivas del sistema penal adulto. Resulta prioritario fortalecer alternativas a la privación de libertad y promover la justicia restaurativa.
5. Reconstruir la confianza entre juventudes e instituciones de seguridad
La desconfianza hacia la policía y el sistema de justicia limita la eficacia de las políticas de seguridad. El reto es reconstruir esta relación desde un enfoque de derechos humanos, mediante modelos de policía comunitaria y mecanismos de rendición de cuentas.
Desde una mirada criminológica, los retos de la seguridad juvenil no se resuelven con mayor castigo, sino con políticas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia. El próximo gobierno tiene la responsabilidad de redefinir la seguridad juvenil como un proceso de inclusión, justicia social y garantía de derechos, reconociendo a las juventudes como actores centrales en la construcción de una sociedad más segura.
Perspectiva Criminológica 
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